Rechazan evaluación laboral en el Poder Judicial

Trabajadores del Poder Judicial manifestaron su rechazo al acuerdo general que contempla la aplicación de exámenes de conocimientos para el personal, al considerar que esta disposición podría poner en riesgo la permanencia de empleados que cuentan con varios años de servicio y cuyos derechos laborales, aseguran, ya fueron adquiridos.

Durante la manifestación, uno de los inconformes expuso que dentro de la institución existen trabajadores con antigüedades que van desde uno, dos, cinco, diez, quince y hasta más de 20 años, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su futuro laboral ante la posibilidad de tener que someterse a evaluaciones para conservar sus puestos.

Señaló que no es justo que, después de haber dedicado una parte importante de su vida al servicio de la institución, los empleados puedan perder su trabajo y los derechos acumulados mediante un examen de conocimientos.

Indicó que la inconformidad no se limita a la aplicación de una evaluación, sino a las posibles consecuencias que esta tendría para quienes han construido una trayectoria laboral dentro del Poder Judicial y que consideran que su antigüedad debe ser respetada.

Ante este escenario, los trabajadores solicitaron a la administración judicial que reconsidere la medida y dé marcha atrás al acuerdo general, al advertir que su aplicación podría afectar las condiciones laborales de decenas de empleados.

Asimismo, hicieron un llamado al Poder Legislativo para que intervenga ante esta situación y revise las disposiciones que, desde su perspectiva, ponen en riesgo los derechos del personal que actualmente labora en la institución.

Los manifestantes también dirigieron su exigencia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidieron cumplir el compromiso expresado durante el proceso de discusión de la reforma judicial, cuando aseguró que se respetaría el décimo transitorio en materia de derechos laborales.

El trabajador recordó que dicho apartado establece, según su interpretación, que los derechos de los empleados no serían afectados por los cambios derivados de la reforma judicial.

Sin embargo, sostuvo que las nuevas disposiciones representan una contradicción con ese compromiso, pues consideran que la aplicación de los exámenes y las posibles consecuencias laborales constituyen una amenaza para la estabilidad de quienes ya forman parte de la estructura judicial.

Por ello, reiteraron su exigencia de que se respeten la antigüedad, las condiciones de trabajo y los derechos previamente adquiridos, y que las autoridades correspondientes revisen el acuerdo antes de que se traduzca en afectaciones para el personal.